¿Desintegración digital?

En 1911 la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la petrolera Standard Oil se había constituido en un monopolio ilegal, mediante la integración horizontal (85% de la capacidad de refinación), la integración vertical (91% de la producción de crudo) y su propiedad de los ferrocarriles. Así, ordenó su división en 34 compañías independientes en virtud de la ley Sherman (1890).

Bajo la misma ley, en 1982 se exigió la separación de Bell y AT&T, desintegrando la primera en múltiples operadoras regionales de telefonía local y relegando a la segunda al negocio de telefonía de larga distancia.

En 1998 el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Microsoft de abuso de poder monopólico, al sostener que el empaquetamiento de Internet Explorer con el sistema operativo Windows restringía la competencia en el mercado de navegadores web. Luego de un par de fallos, finalmente se llegó a un acuerdo que, en el ambiente de las regulaciones pro competencia, se considera benefició a Microsoft.

Ahora, en plena campaña para las primarias presidenciales demócratas de 2020, la senadora Elizabeth Warren plantea la necesidad de desintegrar las grandes compañías de tecnología, como Amazon, Google y Facebook, ya que -argumenta- las recientes fusiones sofocan la competencia y socavan la democracia.

“Eso significa que separaremos Facebook de Instagram y WhatsApp, Amazon de Whole Foods, Google de Nest y mucho más”, dijo Warren, lo cual incluye desintegrar YouTube y Waymo de Google. Warren propone también la creación de nuevos reguladores que retrotraigan las fusiones entre empresas de redes masivas, junto con la prohibición de que las tecnológicas compartan datos de los usuarios con terceras partes.

A otra escala, la discusión en Chile sobre la calidad de empleados (o no) de los choferes de Uber; la creciente solicitud parlamentaria de incluir leyes sociales en los contratos para shoppers de diversas plataformas de distribución; la necesidad de incorporar seguros de accidentes de trayecto para repartidores; el reciente fallo sobre la facultad de las comunidades de edificios de restringir a los propietarios el arriendo de sus departamentos mediante Airbnb; y el anuncio de impuestos al uso o ventas de servicios de las plataformas tecnológicas, entre otras materias, impone grandes desafíos y abre interrogantes sobre las reales capacidades regulatorias de un Estado obsoleto y reactivo, a ratos sobrepasado por los tiempos.

Publicado originalmente en El Mercurio.

Daniel Fernandez K.

Daniel Fernandez K.